Tras haber formado parte del círculo íntimo de Guillermo Lasso y haber contemplado con absoluta pasividad el estallido de la crisis eléctrica que apagó al país en octubre de 2023, Juan Zapata reaparece en la escena electoral con la intención de captar la Prefectura de Pichincha. Sin embargo, su postulación desata un rechazo creciente en la provincia, no solo por el pesado lastre de haber sido cómplice silencioso del colapso energético y de seguridad del régimen anterior, sino porque salta a la contienda sin un plan estructurado de desarrollo provincial y sin la menor idea técnica de cómo ejecutar obras viales, sistemas de riego o fomento productivo en los ocho cantones pichinchanos.
La aspiración política del exministro del Interior —ahora cobijado bajo alianzas de conveniencia electoral— refleja un patrón de improvisación y figuretismo mediático que ya le costó muy caro a la estabilidad de la nación. En lugar de presentar diagnósticos sustentados sobre la vialidad rural de la provincia, el estado de las cuencas hídricas o el respaldo a los pequeños agricultores de Cayambe, Mejía o Pedro Vicente Maldonado, Zapata pretende seducir al electorado con generalidades sobre seguridad, repitiendo exactamente la misma inercia administrativa que demostró cuando tuvo bajo su mando el orden público nacional y permitió que el Ecuador se sumiera en la oscuridad y en la violencia.
El silencio cómplice en 2023 que hoy le pasa factura
El pasado político de Juan Zapata no puede ser borrado de la memoria de los ecuatorianos. Como titular del Ministerio del Interior en octubre de 2023, gozaba de un asiento permanente en la mesa chica del Palacio de Carondelet y en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Desde esa posición de máximo poder, presenció cómo los embalses hidroeléctricos de Mazar y Paute caían a niveles críticos sin que el Gobierno adoptara una sola medida preventiva. Lejos de alertar al país o exigir soluciones urgentes ante la negligencia de su compañero de gabinete, el entonces ministro de Energía Fernando Santos Alvite, Zapata optó por el silencio incondicional y el respaldo ciego a la figura de Guillermo Lasso.
Esa complicidad política tuvo un impacto devastador en las calles. Cuando comenzaron los primeros cortes de luz de hasta cuatro horas al día, semáforos apagados y zonas comerciales en penumbra quedaron a merced de la delincuencia sin que el Ministerio del Interior implementara un solo operativo especial de resguardo. Zapata prefirió cuidar la imagen de un régimen en retirada antes que articular planes de contingencia para la ciudadanía. Hoy, ese mismo exfuncionario que normalizó el desabastecimiento energético y dejó a las ciudades desprotegidas en la oscuridad, pretende presentarse como la solución a los problemas de Pichincha.
Una candidatura sin brújula técnica para Pichincha
El salto de Zapata hacia la papeleta seccional pone al descubierto un alarmante desconocimiento de las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales. De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, la Prefectura tiene como mandatos centrales el mantenimiento de las vías rurales, el dragado de ríos, la gestión de sistemas de riego para el agro y la protección de los recursos ambientales de la provincia. En ninguna de estas materias el candidato cuenta con trayectoria técnica, experiencia administrativa ni un equipo especializado que respalde sus ofrecimientos.
En sus recientes apariciones públicas, el exministro ha intentado esquivar los temas de vialidad y producción rural recurriendo a propuestas vacías y descontextualizadas, como la incorporación de inteligencia artificial o discursos sobre seguridad que corresponden exclusivamente a la Policía Nacional y al Gobierno central. Dirigentes rurales y sectores productivos de Pichincha señalan que la provincia no se administra con frases de impacto televisivo ni con fórmulas de relaciones públicas. Pretender liderar un presupuesto provincial millonario sin saber cómo construir una variante vial en la vía Alóag o cómo reactivar las juntas de riego de los valles evidencia una falta de preparación técnica que condenaría a la provincia al estancamiento.
Del figuretismo mediático al juicio político en la Asamblea
La trayectoria pública de Juan Zapata ha estado marcada por la búsqueda constante de protagonismo en cámaras más que por la eficiencia en la gestión. Tras su paso por la dirección del ECU 911 y su rol como vocero del COE Nacional durante la pandemia, su llegada al Ministerio del Interior en septiembre de 2022 prometía un cambio radical que jamás llegó. Durante su periodo ministerial, la cartera de Estado registró una bajísima ejecución del presupuesto asignado para equipamiento policial, mientras las bandas narcodelictivas triplicaban los homicidios y las extorsiones en el territorio nacional.
Ese deficiente desempeño administrativo le valió que la Asamblea Nacional posesionada tras la muerte cruzada colocara su nombre en el banquillo de los acusados. Diversas bancadas legislativas presentaron solicitudes formales de juicio político en su contra por incumplimiento de funciones, responsabilizándolo directamente del deterioro del orden público y de la desprotección ciudadana. Intentar pasar del señalamiento y la censura legislativa hacia la postulación a la Prefectura de Pichincha demuestra una desconexión total con el sentir de una población cansada del reciclaje de figuras que no dieron la talla en la función pública.
Pichincha exige planificación frente al riesgo de la improvisación
La provincia de Pichincha atraviesa un momento crítico que no tolera ensayos ni gobernantes sin experiencia ejecutiva. Con carreteras rurales deterioradas por el invierno, severos problemas de conectividad en el noroccidente y pequeños agricultores golpeados por la inflación y la crisis eléctrica nacional, la administración provincial demanda liderazgo técnico, articulación comunitaria y capacidad de gestión comprobada.
Los electores de los ocho cantones pichinchanos observan con profunda desconfianza una precandidatura que carga a cuestas la sombra del fracaso del gobierno de Lasso y el recuerdo de los primeros apagones de 2023. En la contienda electoral venidera, los ciudadanos exigirán proyectos concretos, presupuestos transparentes y cronogramas viables de ejecución de obras, cerrándole el paso a la improvisación de quienes callaron cuando el país se apagaba y hoy pretenden gobernar una provincia sin tener la menor idea de cómo hacerlo.
