La gestión de Giovanna Paola Ubidia Burbano como directora nacional del Seguro Social Campesino (SSC) enfrenta nuevos y severos cuestionamientos tras revelarse las escandalosas cifras de un contrato de infraestructura. Las pruebas documentales exponen que, de un presupuesto total de USD 6.156.895,34 destinado al mantenimiento de 115 dispensarios rurales, la insólita cifra de USD 1,1 millones se etiquetó exclusivamente para la compra e instalación de señalética y letreros.
Los detalles de este gasto, sacados a la luz por una investigación de diario El Universo publicada el 9 de febrero de 2026, demuestran que el 18 % del valor total del contrato fue absorbido por elementos de identificación visual. En un sistema de salud rural caracterizado por infraestructuras con más de tres décadas de deterioro, priorizar casi una quinta parte del presupuesto en rotulación —en lugar de invertirlo íntegramente en techos, sanitarios o redes eléctricas— resulta alarmante.
El desglose de la evidencia: 226 «letreros de oro»
La documentación del proceso de contratación detalla montos que exigen una auditoría inmediata por parte de la Contraloría. Dentro de la partida global de USD 1,1 millones para señalética, la investigación probó que se destinaron exactamente USD 851.265 para la elaboración e instalación de apenas 226 letreros de identificación para las unidades médicas. Aceptar estos exorbitantes precios unitarios en el marco de una obra pública demanda la publicación urgente de las especificaciones técnicas (materiales, estructuras, sistemas de iluminación y logística) que justifiquen semejante desembolso.
Las alertas sobre la razonabilidad de estos precios aumentan al revisar el proceso de adjudicación. Las evidencias demuestran que el millonario contrato fue entregado a La Uemprende EP, una empresa pública ligada a la Universidad Técnica del Norte, en Imbabura. Lo grave es que esta entidad figuró como el único proveedor que presentó una oferta en el proceso, quedándose con la adjudicación por un valor casi idéntico al presupuesto referencial máximo, eliminando cualquier posibilidad de competencia, ahorro o mejora de precios para el Estado.
Un anticipo millonario bajo la lupa
Las pruebas del expediente indican que la administración de Ubidia no escatimó en el flujo de fondos inicial. El contrato, proyectado para ejecutarse en un plazo de 300 días en 21 provincias, incluyó la entrega de un anticipo del 35 %, lo que se traduce en USD 2,15 millones desembolsados.
Pese a esta inyección de recursos, el avance real ha estado bajo estricto escrutinio. Un reporte publicado por El Diario el 24 de agosto de 2026 reveló que en Manabí, cuatro meses después de iniciadas las obras en abril, los trabajos apenas alcanzaban un 50 % de avance físico en 20 dispensarios. Asimismo, aunque un comunicado oficial del IESS del 28 de agosto de 2026 intentó matizar la situación anunciando una inversión general de USD 9,5 millones en infraestructura rural, la sombra del gasto desproporcionado en señalética empaña la credibilidad del proyecto.
Las evidencias están sobre la mesa. Destinar 1,1 millones de dólares a letreros en dispensarios que a diario claman por medicinas y equipos médicos básicos obliga a los entes de justicia y control a auditar cada factura, verificando si este contrato representó una mejora para los campesinos o un derroche injustificable.
