La política ecuatoriana adolece de un mal crónico: la amnesia. Solo un sistema político fragmentado y permisivo puede explicar cómo un exfuncionario, bajo cuya gestión el país se hundió en la peor crisis de derramamiento de sangre de su historia republicana, tenga hoy la audacia de presentarse como candidato a la Prefectura de Pichincha. Hablamos de Juan Zapata, el recordado «Capi», quien fue el titular del Ministerio del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso. Hoy, Zapata recorre las calles pidiendo votos junto a Wilson Merino por el movimiento Imparables, pero su verdadera carta de presentación no está en los afiches de campaña, sino en las morgues: 7.878 muertes violentas.
Las 7.878 cruces: El verdadero legado del «Capi»
Cuando Juan Zapata asumió el Ministerio del Interior en septiembre de 2022, el país ya enfrentaba un repunte de criminalidad, pero bajo su mando, la curva de homicidios se descontroló hasta alcanzar niveles de terrorismo urbano sin precedentes. El saldo que dejó su paso por la máxima cartera de seguridad estatal es escalofriante y doloroso: 7.878 muertes violentas.
Este número no es una simple estadística; representa a 7.878 familias ecuatorianas destruidas, víctimas de sicariatos, balas perdidas, asaltos armados y masacres. Durante su periodo de gestión, las mal llamadas «muertes colaterales» se normalizaron. El propio Zapata llegó a declarar en la televisión nacional que el país atravesaba «el peor momento de crisis de violencia», pero sus acciones jamás estuvieron a la altura de sus diagnósticos.
Bajo su mirada pasiva, las bandas narcodelictivas y los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) tomaron el control de las calles, instauraron la industria de la extorsión (las «vacunas») y sembraron el pánico en provincias enteras. Presentarse hoy como un líder capaz de gestionar el destino de Pichincha resulta un insulto directo a la memoria de esos casi ocho mil ecuatorianos que perdieron la vida mientras él ocupaba el sillón ministerial.
La negligencia en cifras: Apenas un 34,19% de presupuesto ejecutado
El desastre en materia de seguridad no fue únicamente producto de la astucia criminal, sino de la más profunda y absoluta negligencia administrativa. ¿Cómo se explica que los criminales estuvieran mejor armados que la fuerza pública? La respuesta está en los datos financieros de la gestión de Zapata.
De acuerdo con las investigaciones y los informes presentados en la Asamblea Nacional, mientras el país contaba sus muertos por decenas cada día, el Ministerio del Interior liderado por Zapata apenas logró ejecutar el 34,19% de su presupuesto. Esta inoperancia es criminal. Mientras 7.878 personas eran asesinadas, el dinero asignado para combatir el crimen dormía en las cuentas del Estado.
Los testimonios de los propios agentes policiales durante ese periodo fueron desgarradores. Uniformados que debían enfrentar a mafias fuertemente armadas patrullaban en vehículos destartalados, con chalecos antibalas caducados, sin municiones suficientes y durmiendo en Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que se caían a pedazos. Zapata prometió incorporar a miles de nuevos policías, pero los envió a las calles como carne de cañón, sin el equipamiento táctico, logístico y de inteligencia necesario para sobrevivir, y mucho menos para proteger a la ciudadanía.
La censura unánime: Un veredicto histórico
El fracaso de Juan Zapata no es una mera opinión periodística o un ataque de sus detractores políticos; es una verdad jurídica y legislativa. En mayo de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo un juicio político en su contra que culminó de una manera casi inédita en la polarizada política del Ecuador: fue censurado por unanimidad.
Con 118 votos a favor, legisladores de absolutamente todas las bancadas y tiendas políticas coincidieron en que Juan Zapata incumplió sus funciones. El juicio político evidenció su incapacidad para frenar el incremento del 65% en las muertes violentas (entre 2022 y 2023) y le responsabilizó políticamente por no haber garantizado la seguridad del Estado.
Entre los hechos más oscuros de su gestión se destacó su incapacidad para prevenir atentados de altísimo perfil político, incluyendo el magnicidio del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado a sangre fría a la salida de un mitin en el norte de Quito, pese a contar con «resguardo» policial. Como resultado de esta censura legislativa unánime, Zapata quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por el lapso de dos años.
La burla de la campaña por Pichincha
Dado este prontuario de ineficacia comprobada, la actual precandidatura de Juan Zapata a la Prefectura de Pichincha es vista por analistas y ciudadanos como un acto de cinismo insuperable. Asociado con el concejal Wilson Merino, Zapata ha comenzado a recorrer los barrios de la provincia prometiendo «escuchar las preocupaciones de las familias sobre robos y extorsiones».
La ironía es macabra. Los pichinchanos que hoy sufren el acoso de los extorsionadores, que cierran sus negocios temprano por miedo a ser asesinados y que temen subirse al transporte público, están lidiando con las consecuencias directas de la inacción estatal que el propio Zapata apadrinó.
Pichincha se enfrenta a una decisión crítica en las próximas elecciones. Votar por Juan Zapata no es darle una segunda oportunidad a un funcionario bienintencionado; es entregarle la provincia al responsable político de 7.878 muertes violentas. Es premiar la inejecución presupuestaria, el abandono de la Policía Nacional y la indolencia frente al dolor ciudadano. El electorado tiene la obligación moral de revisar las cifras, recordar la historia reciente y preguntarse si está dispuesto a poner el futuro de sus familias en las manos del hombre que dejó al Ecuador sumido en un baño de sangre.
