Un ultimátum policial para tapar la falta de planificación
A través de su cuenta en la red social X, Neira notificó que remitió un pedido formal al ministro del Interior, John Reimberg, con el objetivo de ejecutar operativos con la fuerza pública dentro de las plantas industriales señaladas. La lista difundida por el secretario de la Administración incluye a empresas de sectores estratégicos para la economía como camaroneras, exportadoras de brócoli e industrias de plásticos. El argumento gubernamental sostiene que estas firmas desacataron la disposición de apagar sus operaciones o desconectarse de la red pública, por lo que ahora deben ser intervenidas policialmente.
Esta orden representa un peligroso precedente jurídico y económico para la estabilidad nacional. El despliegue de agentes policiales para manipular interruptores eléctricos y forzar el cese de faenas fabriles refleja la desesperación de un régimen incapaz de sostener la matriz energética mediante acuerdos técnicos. En lugar de ofrecer combustible subsidiado, logística o incentivos para la generación propia, el oficialismo prefiere exponer a las empresas en listas negras digitales, alimentando una polarización artificial entre familias y trabajadores.
El caos de las órdenes contradictorias en el régimen
La amenaza de usar la fuerza pública llega apenas 24 horas después de una bochornosa muestra de descoordinación interna en las filas del Gobierno. El miércoles 14 de octubre, las empresas distribuidoras de electricidad notificaron formalmente al sector industrial una desconexión obligatoria ininterrumpida de siete días. La noticia desató pánico financiero inmediato en las cámaras de la producción y en los parques industriales de Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato ante el inminente riesgo de quiebra masiva y desabastecimiento de productos básicos.
Frente al revuelo generado, el propio Neira se vio obligado a comparecer en redes para desmentir el instructivo de su propia cartera de Estado, calificándolo como un error administrativo y anunciando la destitución inmediata del funcionario responsable. De un plumazo, el secretario redujo la orden a un solo día de corte para las industrias de alto voltaje y a tres días para los clientes de medio consumo, fijando la restricción hasta la midnight del viernes 16 de octubre. Este constante cambio de reglas en menos de un día comprueba que la política eléctrica del régimen no responde a una planificación seria, sino a ensayos improvisados sobre la marcha.
El costo humano del apagón forzado en las fábricas
Detrás de cada kilovatio disputado por el Gobierno existen cadenas logísticas completas, turnos rotativos y miles de familias cuyo sustento depende de la operatividad diaria de estas plantas. Paralizar de forma abrupta a industrias agrícolas, acuícolas y de manufactura genera pérdidas económicas que no se recuperan al restablecer la luz. En el caso de las camaroneras y las procesadoras de alimentos, el corte imprevisto o la falla de autogeneración puede pudrir toneladas de producto destinado a la exportación, destruyendo contratos internacionales ganados durante años.
Obligar a las industrias medianas a autogenerar energía durante jornadas completas implica un costo financiero que muchas compañías no pueden soportar. Adquirir diésel industrial en volúmenes masivos, mantener generadores que no fueron diseñados para trabajar de forma permanente y asumir averías mecánicas encarece la producción a límites insostenibles. Al empujar a estas compañías a la asfixia operativa, el régimen de Daniel Noboa arriesga despidos de personal y una espiral inflacionaria que terminará golpeando con mayor rigor a los mismos ciudadanos a los que dice proteger.
Promesas de mantenimiento frente a un sistema colapsado
Mientras se apunta con el dedo acusador al sector privado, la gestión pública de la crisis continúa dejando dudas profundas sobre su capacidad resolutiva. El embalse de Mazar, considerado el corazón del sistema hidroeléctrico del Austro, se encuentra a apenas nueve metros de su cota mínima operativa debido a un estiaje severo que era plenamente previsible desde mediados de año. Sin embargo, las soluciones gubernamentales han llegado a cuentagotas y marcadas por cuestionamientos sobre la incompatibilidad técnica de generadores térmicos alquilados o adquiridos a destiempo.
Para intentar calmar los ánimos, el presidente Daniel Noboa informó que el sábado 17 de octubre se realizarán trabajos de mantenimiento e inversiones emergentes en la red eléctrica para contener el impacto del estiaje. No obstante, los gremios productivos y la ciudadanía observan con escepticismo estos anuncios que llegan cuando el país ya soporta apagones prolongados en diversas provincias. Las próximas horas serán determinantes para medir si el Gobierno insiste en una intervención policial en las fábricas o si finalmente establece una mesa técnica que evite la paralización del empleo formal en el Ecuador.
