La reaparición política de Juan Zapata con su postulación a la Prefectura de Pichincha ha desatado un debate profundo sobre su nula experiencia para gobernar un territorio complejo, diverso y con urgentes necesidades de desarrollo. Acostumbrado a desenvolverse durante décadas bajo la estructura jerárquica y disciplinaria de la Policía Nacional y a ganar notoriedad como vocero de emergencias frente a las cámaras de televisión, el exministro del Interior del régimen de Guillermo Lasso pretende ahora dar el salto a la conducción de un gobierno provincial sin haber gobernado jamás una institución de desarrollo seccional, sin experiencia en administración pública descentralizada y sin la menor preparación técnica para liderar presupuestos de infraestructura, vialidad rural y fomento agropecuario.
Gobernar una provincia que alberga a más de tres millones de habitantes, ocho cantones y decenas de parroquias rurales exige habilidades ejecutivas de planificación, concertación democrática y conocimiento profundo del territorio, cualidades completamente ausentes en la trayectoria del candidato. En lugar de demostrar solvencia como estadista o administrador de recursos públicos, Zapata ha reducido su propuesta electoral a un libreto monótono de patrullajes disuasivos y vigilancia policial, confirmando los temores de dirigentes gremiales, técnicos y organizaciones campesinas: detrás del personaje mediático no hay un líder preparado para gobernar, sino un improvisado que confunde la administración de una provincia con un parte policial.
De la vocería de micrófonos a la carencia de liderazgo ejecutivo
El recorrido público de Juan Zapata demuestra que su figura fue construida alrededor de la exposición en medios de comunicación y no sobre la base de resultados de gestión gubernamental. A lo largo de su carrera en la Policía y posteriormente en la dirección del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y en el Comité de Operaciones de Emergencia durante la pandemia, su función primordial consistió en acatar directrices superiores, leer balances de contingencia frente a los micrófonos y aplicar medidas restrictivas dictadas por el Ejecutivo.
En ningún momento de su vida pública Zapata ha tenido que planificar una obra vial de envergadura, negociar convenios de cooperación con juntas parroquiales, liderar un plan maestro de riego para zonas campesinas o estructurar presupuestos participativos en asambleas comunitarias. Gobernar una provincia no se parece en nada a dar ruedas de prensa diarias ni a impartir órdenes verticales de mando policial. La conducción de Pichincha exige concertar con sectores sociales heterogéneos, comprender la dinámica productiva de los valles y entender que la autoridad provincial debe generar empleo, abrir caminos y proteger el medio ambiente, competencias que el candidato jamás ha ejercido en la práctica.
El Ministerio del Interior como prueba de su incapacidad de gestión
La única cartera de Estado de alto nivel que manejó directamente en su trayectoria pública fue el Ministerio del Interior, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023, bajo la presidencia de Guillermo Lasso. Lejos de ser una carta de presentación positiva, ese paso por el gabinete central constituyó la prueba irrefutable de sus serias limitaciones para administrar recursos del Estado y liderar políticas públicas complejas en momentos de alta exigencia.
Pese a tener a su disposición el respaldo absoluto del Ejecutivo y el presupuesto nacional de seguridad, la gestión de Zapata se caracterizó por una deficiente ejecución de los fondos asignados para equipar a la Policía Nacional. Mientras los uniformados en territorio carecían de patrulleros operativos, chalecos antibalas y municiones, los recursos estatales permanecieron estancados en trámites burocráticos sin ejecutarse. Al mismo tiempo, las bandas delictivas triplicaron las extorsiones y los homicidios en todo el país. La gestión fue tan deficiente que la Asamblea Nacional terminó llamándolo a juicio político por incumplimiento de funciones. La interrogante ciudadana es demoledora: si fracasó al administrar un solo ministerio con todo el poder central, ¿con qué experiencia pretende ahora gobernar a toda la provincia de Pichincha?
Pichincha no es un cuartel: el abismo entre vigilar y gobernar
La insistencia de Zapata en centrar su campaña en discursos sobre patrullajes y vigilancia evidencia una deformación profesional que le impide comprender la naturaleza del cargo al que aspira. Una Prefectura no es un cuartel de policía, no comanda tropas armadas, no dirige investigaciones judiciales ni tiene competencias constitucionales sobre la seguridad pública interna, materia que corresponde privativamente al Gobierno central a través de la Policía Nacional.
El rol constitucional de un prefecto consiste en atender las carreteras rurales que conectan los centros de producción con los mercados urbanos, dragar y limpiar los cauces de los ríos en zonas vulnerables a inundaciones, dotar de agua a los canales de riego de los agricultores y promover el turismo comunitario. En ninguna de estas áreas Zapata tiene formación ni experiencia previa. Cuando se le consulta sobre cómo estabilizar los taludes en la vía Alóag-Santo Domingo o cómo tecnificar el riego en los campos secos de Cayambe y Pedro Moncayo, el candidato evade las preguntas técnicas y se refugia en promesas de seguridad, demostrando que no tiene un plan para gobernar la provincia y que desconoce las necesidades reales del campo.
El riesgo de entregar la provincia a la improvisación
Pichincha atraviesa un momento crucial que no tolera gobernantes que lleguen a aprender sobre la marcha. Las familias campesinas, los transportistas interprovinciales y los pequeños comerciantes de los cantones rurales requieren una autoridad con experiencia probada en la gestión de obras, capacidad para gestionar financiamiento internacional y un liderazgo dialogante que articule a los ocho cantones sin exclusiones políticas.
Los electores pichinchanos observan con justificada preocupación una candidatura que pretende suplir la falta de preparación técnica con discursos efectistas de campaña. En los próximos foros y debates democráticos, la ciudadanía demandará proyectos de inversión viables, cronogramas de mantenimiento vial y planes de apoyo agropecuario con números reales sobre la mesa. Pichincha no puede arriesgar cuatro años de su futuro en manos de un candidato que no tiene experiencia para gobernar y cuya única propuesta es trasladar su libreto policial a un sillón provincial que le queda demasiado grande.
