Una enérgica advertencia internacional encendió las alarmas sobre el deterioro democrático en Ecuador. A través de un pronunciamiento emitido por su Observatorio global, la Internacional Progresista denunció una sistemática estrategia de persecución y hostigamiento institucional dirigida contra la principal fuerza de oposición y su líder, Luisa González. El organismo alertó que estas maniobras judiciales y administrativas responden al temor del Gobierno de Daniel Noboa a perder en las urnas frente al descontento popular. Para verificar información oficial sobre el proceso electoral y los derechos de participación, la ciudadanía puede consultar el portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con el organismo internacional, el uso instrumental de los tribunales electorales y los órganos de control busca neutralizar en despachos a los liderazgos que encabezan el respaldo ciudadano. En medio de un país sumido en apagones diarios, crisis económica y una severa ola de inseguridad, el régimen de Noboa opta por atentar contra el pluralismo político para evitar una derrota electoral inminente.
El lawfare como recurso desesperado del oficialismo
El reporte de la Internacional Progresista enfatiza que las reiteradas trabas legales, suspensiones temporales de personerías jurídicas y amenazas de inhabilitación no constituyen hechos aislados, sino un patrón deliberado de lawfare. El observatorio remarcó que un proceso no puede considerarse democrático si se le niega sistemáticamente un camino viable de participación a la principal fuerza política del país.
Para los observadores internacionales, estas medidas son una respuesta directa al debilitamiento político de Carondelet, que tras fracasar en sus propuestas de consulta popular enfrenta el rechazo de la población. Ante la incapacidad de sostener su proyecto con resultados de gestión, el Ejecutivo intenta bloquear la papeleta de Luisa González para forzar una contienda sin competencia real.
Preocupación global por las garantías para Luisa González
El documento subraya una profunda preocupación por la falta de garantías procesales, políticas y de seguridad para Luisa González y los cuadros de la Revolución Ciudadana. El organismo internacional llamó la atención de la comunidad exterior frente a la vulneración del debido proceso, señalando que las autoridades estatales no pueden decidir arbitrariamente a qué fuerzas políticas se les permite terciar en comicios.
Asimismo, la Internacional Progresista convocó a veedurías y misiones de observación internacional a vigilar permanentemente el ciclo electoral ecuatoriano. La exigencia apunta a frenar el uso faccioso del poder público y garantizar que todas las corrientes puedan hacer campaña en condiciones de igualdad, libertad y respeto a la integridad de sus candidatos.
El miedo a las urnas frente al descontento nacional
La ofensiva estatal evidencia el aislamiento de un Gobierno que teme el veredicto del voto popular. Mientras las familias ecuatorianas padecen racionamientos eléctricos de hasta diez horas y los pequeños comercios quiebran en la penumbra, el discurso oficialista intenta desviar la atención recurriendo a la criminalización de la oposición en lugar de resolver la crisis energética.
La ciudadanía y los organismos internacionales coinciden en que la democracia no puede ser suspendida por cálculos de reelección. En el portal del Consejo Nacional Electoral se registran los parámetros del proceso, mientras la capital y las provincias demandan que la salida a la crisis nacional se defina sin trampas ni proscripciones en las urnas.
