Las 4.000 evidencias que solo incomodan a los adversarios
El presidente del CNE, José Cabrera, defendió la labor de los equipos de fiscalización territorial asegurando que se busca frenar la precampaña ilegal antes del inicio del periodo oficial, fijado del 12 al 26 de noviembre. No obstante, al revisar los expedientes que hoy enfrentan audiencias y denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral, la dedicatoria política salta a la vista. Casos como el de Alberto Pantoja Guzmán, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo respaldado por el correísmo, o los procesos contra el aspirante a la Alcaldía de Quito, Jorge Yunda, y la candidata a la Prefectura de Pichincha, Carla Cevallos, concentran la atención pública y el celo de los acusadores.
En el caso de los candidatos de Avanza en la capital, la denuncia que llegó a estrados el pasado 7 de octubre se sustenta en la supuesta promoción indebida de imagen mediante talleres barriales de risoterapia y brigadas comunitarias. Resulta sintomático que la justicia electoral destine tiempo, recursos y audiencias a sancionar actividades comunitarias de bajo presupuesto de los adversarios políticos, mientras ignora de forma deliberada cómo los representantes del oficialismo recorren el país inaugurando obras inconclusas, repartiendo ofertas estatales y utilizando la plataforma del poder sin que nadie les impute un solo dólar a su límite de gasto.
El velo protector sobre la propaganda del oficialismo
Mientras los postulantes de oposición deben justificar cada volante entregado en una esquina o cada lona colgada por simpatizantes barriales, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional disfruta de una cancha inclinada a su favor. La entrega de microcréditos con el distintivo cromático del régimen, las caravanas con vehículos del Estado y la constante pauta publicitaria institucional en medios masivos que ensalza la figura del presidente de la República se desarrollan a vista y paciencia de los delegados electorales sin que se abra un solo expediente de oficio.
El CNE elude de manera sistemática calificar estas acciones como proselitismo anticipado, cobijándolas bajo el cómodo argumento de que corresponden a la gestión ordinaria de gobierno. Esta permisividad descarada le permite al oficialismo copar el espacio público y saturar a la ciudadanía con mensajes partidistas financiados con el dinero de todos los ecuatorianos. De este modo, la fiscalización electoral deja de ser un instrumento de control del gasto democrático y se transforma en un mecanismo de asedio administrativo diseñado para desgastar a los contendientes que disputan el poder local a los candidatos apadrinados por Noboa.
La justificación brindada por el titular del CNE para explicar la falta de fiscalización en el terreno digital resulta aún más indignante para la ciudadanía. José Cabrera admitió públicamente en una entrevista televisiva que el organismo se encuentra atado de manos frente al proselitismo digital, señalando textualmente que los contenidos en redes sociales no se pueden monitorear porque la ley no los contempla. Con esta simple declaración, el organismo regulador abdica de su responsabilidad de controlar el espacio donde hoy se define la mayor parte del debate político y electoral en el Ecuador.
Este vacío legal autoimpuesto actúa como un escudo perfecto para proteger la costosa estructura de propaganda digital que opera en favor del régimen. Cientos de miles de dólares en publicidad pautada en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, sumados a redes coordinadas de cuentas que difunden mensajes gubernamentales y atacan a la oposición, quedan convenientemente fuera del radar del gasto electoral. El CNE argumenta no tener herramientas jurídicas para fiscalizar la pauta digital, pero demuestra una celeridad asombrosa para enviar delegados a fotografiar carpas vecinales de partidos opositores en las provincias.
Un árbitro electoral que erosiona la confianza ciudadana
Con un calendario electoral comprimido donde la campaña oficial durará apenas 14 días en el mes de noviembre, la precampaña se ha convertido en el verdadero campo de batalla por el voto popular. En este contexto, la falta de equidad en la aplicación de las normas electorales no solo perjudica a las candidaturas independientes y de oposición, sino que destruye la credibilidad del proceso democrático en su conjunto. La ciudadanía percibe con justa razón que las reglas del juego solo se aplican con rigor para castigar a los críticos del régimen, mientras el partido de Gobierno goza de impunidad para hacer campaña permanente.
Diversos juristas y organizaciones de veeduría ciudadana exigen que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral transparenten los criterios técnicos bajo los cuales se distribuyen las 4.066 evidencias recopiladas. Si las instituciones llamadas a arbitrar la contienda insisten en actuar con sesgo político y complicidad frente al derroche oficialista, los comicios de noviembre nacerán viciados por la sospecha de ilegitimidad. El país no necesita un tribunal electoral que funcione como comisaría política del poder de turno, sino garantes imparciales que aseguren que nadie, por más poder que ostente en Carondelet, pueda jugar con ventaja en las urnas.
