Cifras de una catástrofe laboral en el corazón productivo
La magnitud de la crisis trasciende los balances contables y golpea de manera directa a los hogares ecuatorianos. El reporte oficial de clientes en media tensión expone a 20 compañías que acumulan una demanda conjunta superior a los 24.000 kilovatios de potencia. Solo en el complejo camaronero liderado por Santa Priscila, Monifish, Expotuna y Empacadora Puntarena, se pone en jaque un ecosistema exportador que genera más de 290.000 empleos directos e indirectos en el país, representando ventas externas por más de 7.000 millones de dólares anuales.
A este panorama se suma el riesgo para la industria de alimentos y manufactura. Plantas como Pronaca, Cartones Nacionales (Cartopel), Grupasa, Sacos Durán e Intaco concentran a decenas de miles de operarios de planta, técnicos de mantenimiento y transportistas que dependen del funcionamiento ininterrumpido de las máquinas. Dirigentes de las cámaras industriales advierten que una desconexión prolongada de 72 horas semanales podría provocar la destrucción de hasta el 5% de las plazas de empleo formal en las zonas fabriles, lo que significaría que miles de familias se queden sin sustento económico antes de finalizar el año.
La asfixia económica que empuja a despidos inminentes
Obligar a las industrias medianas a autogenerar energía durante jornadas completas implica un costo financiero que empuja a las empresas hacia la quiebra técnica. Los gremios exportadores han señalado que el costo de operar grupos electrógenos con diésel industrial triplica o cuadruplica la tarifa eléctrica regular, sumado a la escasez del combustible y a las dificultades logísticas para abastecer tanques en zonas rurales y puertos. Para compañías con márgenes operativos ajustados, cada día sin luz del Sistema Nacional Interconectado representa una sangría financiera imposible de absorber a mediano plazo.
La parálisis forzosa no solo frena la producción, sino que destruye inventarios biológicos de alto valor. En el sector acuícola y pesquero, la interrupción en las cámaras de refrigeración y en las bombas de oxigenación amenaza con pudrir toneladas de camarón y pescado listas para despacho internacional, generando penalizaciones por incumplimiento de contratos en Europa y Asia. Ante la imposibilidad de cubrir estos sobrecostos y reponer el capital perdido, los empresarios advierten que el recorte de turnos nocturnos, la reducción de jornadas y la desvinculación masiva de personal serán las únicas medidas de supervivencia que podrán aplicar si el Estado no flexibiliza las restricciones.
Años de inacción estatal que hoy paga la industria
Esta dramática disyuntiva laboral es la consecuencia directa de una gestión gubernamental que dejó pasar el tiempo sin resolver las deficiencias estructurales del sistema eléctrico. Aunque el régimen actual lleva años administrando el país y conocía con precisión científica los ciclos de estiaje que golpean periódicamente al embalse de Mazar y al complejo Paute, las inversiones emergentes y el mantenimiento preventivo del parque termoeléctrico brillaron por su ausencia. Las advertencias de los colegios de ingenieros eléctricos y de los operadores técnicos fueron desoídas de manera sistemática en los despachos ministeriales.
En lugar de construir soluciones de fondo, el oficialismo apostó por anuncios tardíos, compras de generadores de emergencia marcadas por trabas técnicas y contratos de barcazas flotantes que no lograron suplir el déficit de más de 1.000 megavatios que padece la red nacional. El país recuerda el fallido proceso de los generadores de ATM, donde más de 30 equipos resultaron incompatibles con el sistema de interconexión. Hoy, tras meses de discursos vacíos y promesas de autoabastecimiento que jamás se concretaron, el Gobierno pretende tapar su negligencia administrativa castigando a las fábricas que generan la riqueza del Ecuador.
Policías contra los empresarios que respaldaron al régimen
El envío de efectivos policiales para fiscalizar interruptores y amedrentar al sector fabril marca un peligroso giro autoritario en el manejo de los servicios públicos. La Policía Nacional, una institución cuyos recursos ya son insuficientes para combatir las redes de extorsión, narcotráfico y sicariato que aterrorizan a la población en las calles, está siendo desviada por orden gubernamental para cumplir tareas de represión administrativa contra empresas formales que tributan y generan empleo legal.
La paradoja política no pasa desapercibida para los actores de la producción. Gran parte del empresariado formal que hoy figura en las listas de escarnio público de Neira apoyó abiertamente la propuesta económica de Noboa, confiando en sus promesas de modernización, respeto a la propiedad privada y generación de empleo. En el momento más crítico de la crisis, el régimen les paga acusándolos de ser insolidarios y amenazándolos con la fuerza pública. Las próximas horas serán determinantes para conocer si las cámaras de la producción logran frenar estos atropellos en los tribunales o si el país asiste a una ola de despidos provocada por la incapacidad de sus propios gobernantes.
