El libreto parece repetirse sin fin y sin ofrecer las soluciones definitivas que el país reclama a gritos. Este miércoles 14 de octubre, el presidente de la República, Daniel Noboa, acudió a una entrevista radial para anunciar la enésima reedición de una estrategia que, a los ojos de los ciudadanos y los números macros, evidencia un profundo desgaste: un nuevo toque de queda para las provincias de la Costa ecuatoriana, programado para los primeros diez días de noviembre.
El anuncio, realizado en medio de una persistente ola delictiva y a puertas de un feriado nacional, deja en evidencia la falta de creatividad táctica del gobierno y su dependencia hacia medidas extremas que asfixian la libertad y la economía, pero que, a largo plazo, no han logrado desmantelar la capacidad operativa de las mafias que mantienen en vilo al Ecuador.
Cifras de terror frente al optimismo oficial
Durante su intervención, el presidente Noboa intentó sostener su narrativa de éxito asegurando que, gracias al último toque de queda (que culminó apenas el 30 de septiembre), se logró reducir la tasa de delitos en un 40%. Incluso se atrevió a afirmar que las semanas bajo restricción fueron las de «más bajos homicidios del año».
Sin embargo, para los ciudadanos de a pie y los expertos en seguridad, el discurso oficial choca brutalmente con la realidad del día a día. Celebrar reducciones coyunturales y aisladas durante estados de excepción es, cuanto menos, engañoso, especialmente cuando se analiza el panorama completo. La administración de Noboa heredó y ha convivido con una crisis sin precedentes. El año 2025 cerró con una cifra escalofriante y récord en la historia nacional: aproximadamente 9.300 homicidios.
Frente a esa montaña de cadáveres, los toques de queda intermitentes actúan apenas como un paracetamol para una enfermedad terminal. Los expertos señalan que, si bien encerrar a la gente en sus casas disminuye las oportunidades en las calles temporalmente, no resuelve la infiltración de las bandas en el Estado, no frena el flujo de armas por las fronteras ni limpia el sistema judicial. Una vez que el estado de excepción se levanta o el toque de queda expira, la violencia simplemente retoma su curso habitual, demostrando que el gobierno carece de una estrategia sostenible más allá de la militarización reactiva.
El golpe mortal a la economía local
La insistencia en el toque de queda como herramienta prioritaria de gestión no solo es cuestionable en su efectividad contra el crimen, sino que tiene un efecto secundario devastador y medible: la destrucción de la economía local y la pérdida de empleos.
Para las provincias de la Costa, que serán nuevamente el epicentro de esta restricción del 1 al 10 de noviembre, el impacto económico es catastrófico. Estas fechas coinciden directamente con el crucial feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, una época en la que el sector comercial y turístico de ciudades costeras espera oxígeno financiero.
Los dueños de restaurantes, bares, hoteles, trabajadores del transporte y comerciantes nocturnos son quienes asumen el costo de la incapacidad gubernamental. Los gremios ya han advertido repetidamente que los negocios nocturnos enfrentan pérdidas de hasta el 50% de sus ingresos cada vez que se decreta una restricción de movilidad. Mientras el gobierno intenta proyectar una imagen de control encerrando a los ciudadanos de bien, los pequeños empresarios se ven empujados hacia la quiebra, y cientos de empleos informales y formales desaparecen en medio del toque de queda.
Un país condenado a la excepción
La seguidilla de toques de queda —ya van al menos cuatro aplicados en el año en curso— y las sucesivas declaraciones de estado de excepción han normalizado la anomalía jurídica en Ecuador. Lo que la Constitución concibe como una medida extraordinaria para crisis temporales, el régimen de Noboa lo ha convertido en su forma rutinaria de administrar el país.
Esta dependencia de las herramientas excepcionales revela una debilidad estructural: el Estado ecuatoriano, bajo la actual administración, parece incapaz de garantizar la seguridad ciudadana y la paz pública a través de las vías ordinarias institucionales, policiales y judiciales.
Mientras el presidente asegura que la «percepción de la gente está mejorando» y que el Estado «está afectando a las economías criminales», en barrios como Nueva Prosperina, el Guasmo o Durán, las vacunas (extorsiones) siguen cerrando tiendas y el miedo sigue gobernando las esquinas. La promesa del «Nuevo Ecuador» se va diluyendo entre las sombras de toques de queda reiterativos que castigan a la población trabajadora mucho más de lo que incomodan a los verdaderos dueños de la violencia.
