La oscuridad ha vuelto a tragar al sur de Guayaquil, y con ella, se ha esfumado la poca credibilidad que le quedaba al gobierno de Daniel Noboa en materia energética. Lo que hasta hace poco se pregonaba desde las tarimas oficiales y los enlaces gubernamentales como una crisis «superada», hoy ha estallado en la cara de miles de familias de los sectores populares que, llenos de impotencia, ven cómo sus rutinas se paralizan y su patrimonio se hace humo. El presidente Noboa miró al país a los ojos, prometió y garantizó que los apagones no afectarían a los hogares ecuatorianos. Hoy, esa promesa no es más que una burla cruel que resuena en el eco de las calles vacías y a oscuras del Guasmo, Las Acacias, el Suburbio y amplias zonas del sur de la urbe porteña.
La indignación ciudadana alcanzó un punto de ebullición cuando vastos sectores del sur amanecieron sin servicio eléctrico, en muchos casos desde las 05:00 de la madrugada, sumándose a zonas que reportan cortes de hasta 20 horas. No hubo aviso previo. No hubo un cronograma oficial al que las familias pudieran acogerse. Los ciudadanos, muchos de los cuales se preparaban para iniciar su jornada laboral o abrir las puertas de sus negocios, se toparon de frente con la ineficiencia de un régimen que parece gobernar desde la negación absoluta.
¿Dónde quedó la garantía presidencial? Mientras los despachos oficiales en Quito probablemente gozan de climatización y luces encendidas con generadores del Estado, el sur de Guayaquil —una de las zonas comerciales y residenciales más vibrantes y a la vez vulnerables del país— paga los platos rotos de una gestión pública que ha demostrado ser incapaz de prever, mantener y fortalecer la infraestructura eléctrica nacional.
La pesadilla de los electrodomésticos: El patrimonio familiar en riesgo
Para el ciudadano de a pie, un corte de luz no es solo una incomodidad pasajera; es una amenaza directa a su bolsillo y a su estabilidad. La fluctuación violenta de la energía, los cortes abruptos y los retornos intempestivos de alto voltaje están causando estragos irreparables en el interior de los hogares.
Refrigeradoras, televisores, aires acondicionados y microondas —aparatos que a una familia de clase media o trabajadora le cuesta meses, e incluso años, terminar de pagar en cuotas— corren el riesgo inminente de fundirse con cada bajón de luz. En los chats comunitarios de los barrios del sur, el terror a perder estos bienes básicos es el tema de conversación principal. ¿Quién responde por una refrigeradora quemada cuando el presidente juró solemnemente que no habría apagones?
El calvario burocrático que ofrece la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) es simplemente indignante. La empresa pública pretende que el ciudadano afectado, que ya ha sido víctima del pésimo servicio, inicie un engorroso trámite presentando formularios, facturas de compra originales (que muchos ya no poseen por la antigüedad del bien) y fotografías de los daños, para luego someterse a un largo proceso de «evaluación». Es una cachetada a la dignidad: te cortan la luz sin avisar, te arruinan tus bienes por su negligencia, y luego te exigen que demuestres que ellos fueron los culpables, obligándote a perder días de trabajo en filas interminables sin garantía de reposición.
Excusas técnicas para ocultar un fracaso político
La respuesta oficial de las autoridades eléctricas frente a esta crisis es un insulto directo a la inteligencia de los ecuatorianos. CNEL, tratando a toda costa de salvar la imagen de un presidente que se quedó sin argumentos, se rehúsa a llamar a esto por su verdadero nombre: racionamiento e incapacidad.
En lugar de admitir la inoperancia operativa, se escudan en un sinfín de excusas que rayan en lo absurdo. Hablan de «fallas puntuales en la red», «crecimiento excesivo de maleza» en los cables o «problemas aislados de distribución». Pero cuando las fallas puntuales ocurren a diario, se extienden por horas incalculables y afectan simultáneamente a decenas de sectores en Guayaquil, El Oro y el resto del país, ya no son accidentes técnicos; son el síntoma inequívoco de un colapso estructural.
Es el colapso de un modelo de gestión que prefirió el discurso fácil, la propaganda en redes sociales y la promesa vacía antes que la inversión real en mantenimiento y repotenciación del sistema interconectado. Mientras la versión oficial intenta tapar el sol con un dedo, la realidad en las calles es que el sistema eléctrico está operando al límite y fallando miserablemente bajo la mirada pasiva de la administración Noboa.
El golpe de gracia a la economía de barrio
El impacto de estos apagones sorpresa va mucho más allá de la oscuridad. El sur de Guayaquil es un motor económico impulsado por el trabajo autónomo, el microcomercio, las tiendas de abarrotes, las panaderías, los bazares y los talleres mecánicos. Para todos ellos, no tener luz significa simplemente no generar ingresos para comer.
Una tienda de barrio que pierde la cadena de frío de sus productos lácteos, carnes y embutidos enfrenta pérdidas irrecuperables en cuestión de horas. Una costurera que no puede encender su máquina pierde el pedido del día y la confianza de su cliente. Un pequeño restaurante que no puede procesar alimentos ni cobrar con tarjetas de débito tiene que bajar la puerta metálica.
El presidente Noboa, que en campaña se llenaba la boca prometiendo reactivación económica y apoyo incondicional al emprendedor, hoy es el principal responsable de la quiebra silenciosa de cientos de familias en Guayaquil. ¿Cómo se supone que un país salga adelante cuando el propio Estado le apaga literalmente el switch del progreso? La indolencia es palpable. Para el ciudadano que vive del día a día, un corte de luz de cuatro, seis u ocho horas es el equivalente a perder el pan de la mesa.
Oscuridad: El aliado perfecto de la delincuencia
A la catástrofe económica y al riesgo del patrimonio familiar hay que sumarle una consecuencia aún más macabra: el desamparo total frente a la inseguridad. El sur de Guayaquil ya se encontraba bajo asedio por las bandas de extorsionadores, los robos y el sicariato. Ahora, el gobierno les ha entregado a los criminales el escenario perfecto para actuar con impunidad absoluta.
Cuando el reloj marca el inicio de un corte de luz, el terror se apodera de las calles. Las alarmas comunitarias dejan de funcionar, las cámaras de videovigilancia se apagan, y el alumbrado público desaparece, convirtiendo avenidas enteras y callejones en auténticas bocas de lobo. Los padres temen que sus hijos regresen de la universidad en medio de una penumbra absoluta. Los comerciantes se ven obligados a cerrar apresuradamente mucho antes del anochecer, cediendo el espacio público al crimen organizado.
¿De qué sirve militarizar las calles o declarar estados de excepción de papel si, al final del día, el propio Estado deja a oscuras a los ciudadanos, facilitando el trabajo de las mafias? La promesa de un «Nuevo Ecuador» se desmorona en cada cuadra que queda en tinieblas.
La ciudadanía ya no pide milagros; exige verdad y competencia. Cada vela que se enciende esta noche en el sur de Guayaquil es un recordatorio de que, mientras se les prometía un país moderno libre de apagones, el actual gobierno los devolvió de golpe a la era de las tinieblas.
