Justicia politizada en época electoral. El sorpresivo allanamiento ejecutado este 21 de octubre de 2026 en las dependencias del Municipio de Quito y de la Empresa de Movilidad y Obras Públicas encendió las alertas sobre una escalada de presión institucional en plena contienda seccional. Diversos sectores políticos y sociales advierten que el operativo, sumado a las arremetidas del bloque de ADN en la Asamblea Nacional, configura un cerco del Gobierno de Daniel Noboa para desgastar los contundentes números de respaldo ciudadano que sostienen al alcalde Pabel Muñoz y al candidato a la Prefectura de Pichincha, Alexandro Tonello. Para revisar información oficial sobre el proceso electoral, la ciudadanía puede consultar el portal oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Mientras el Ejecutivo enfrenta un severo desgaste nacional por los interminables apagones, la inseguridad y el estancamiento económico, la respuesta desde el poder ha sido activar frentes judiciales y legislativos contra las autoridades locales que sí muestran obras en territorio. La consigna expuesta tras la incursión fiscal resume el sentir en la capital: lo que el gobierno no logra revertir con gestión pretende disputarlo mediante el hostigamiento institucional.
Operativos, denuncias y asedio desde el Legislativo
El despliegue policial y fiscal en el cabildo capitalino no ocurrió como un hecho aislado, sino en medio de una ofensiva sincronizada. Apenas veinticuatro horas antes del allanamiento, la bancada gubernamental de ADN utilizó sus votos en el Pleno de la Asamblea para forzar una nueva investigación contra la Alcaldía de Quito, arrogándose funciones de control municipal que no le competen y dejando de lado el debate urgente sobre la crisis eléctrica que apaga al país.
En paralelo, la coalición Alianza Ciudadana, integrada por cinco organizaciones políticas, denunció públicamente una operación articulada para intentar inhabilitar la candidatura de Pabel Muñoz a través de quejas reiteradas ante el Tribunal Contencioso Electoral y el Ministerio Público. El bloque legislativo de la Revolución Ciudadana calificó estas acciones como el uso de la justicia como arma política y emplazó a sus adversarios a competir de frente en las urnas.
El peso de las obras de Muñoz y Tonello en las encuestas
Detrás de la embestida gubernamental subyace la realidad de los estudios de opinión en la capital y en los cantones de Pichincha. Tanto Pabel Muñoz en el Municipio de Quito como Alexandro Tonello en la carrera hacia la Prefectura encabezan con holgura las preferencias ciudadanas, respaldados por una gestión visible en movilidad, recuperación de espacios urbanos, sistemas de riego para más de 20.800 hectáreas, vialidad productiva y más de 1,2 millones de atenciones médicas en Pichincha Humana.
La solvencia técnica de ambos liderazgos contrasta con la debilidad de los cuadros impulsados por el régimen de Daniel Noboa, cuyas postulaciones no logran despegar ante el malestar popular por los cortes de luz y el abandono estatal. Al carecer de obras propias que exhibir en la provincia, la estrategia gubernamental apuesta por el desgaste mediático y judicial de quienes lideran la intención de voto.
Defensa de la voluntad popular en la capital
Frente al allanamiento, la administración municipal ratificó su apertura a entregar toda la documentación requerida dentro del debido proceso, recordando con firmeza que una diligencia investigativa jamás equivale a una sentencia. Organizaciones barriales, gremios y colectivos ciudadanos se sumaron al rechazo contra la instrumentalización de los órganos de control en tiempos de campaña.
Mientras los detalles oficiales del proceso comicial se encuentran disponibles en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las calles de Quito y Pichincha se consolida la percepción de que la persecución política no detendrá el respaldo hacia las obras en marcha. La capital exige respeto a su autonomía y que el futuro de la ciudad y la provincia se decida democráticamente con el voto ciudadano.
